Ladakh se rebela por el estatus especial, Delhi acusa a activista no violento

Cuatro civiles murieron en Leh en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas por su reconocimiento como Estado y más protección para las comunidades tribales. Se impuso el toque de queda y se prohibieron las asambleas, marchas y mítines. El gobierno acusa al activista climático Sonam Wangchuk, conocido por sus formas de protesta no violenta, de haber incitado a la multitud con consignas “provocadoras”. La oposición denuncia promesas incumplidas y alienta a gestionar la crisis con sensibilidad en una región crucial para las relaciones con China.

Leh (AsiaNews) - Cuatro muertos y más de 45 heridos ha sido el saldo de una jornada de manifestaciones en Leh, capital de Ladakh, donde las autoridades indias impusieron hoy el toque de queda y otras estrictas medidas de seguridad.

Las protestas, inicialmente pacíficas, fueron convocadas para pedir una vez más al gobierno de la India que reconozca a la región el estatus de Estado de la Unión y que se aplique el sexto anexo de la Constitución de la India que establece y regula las medidas de autonomía y autogobierno de las tribus indígenas de la India. En Ladakh, región del Himalaya que limita con China y Pakistán, el 97% de la población pertenece a comunidades tribales.

Ayer las ciudades de Leh y Kargil se paralizaron: todas las oficinas, mercados, escuelas, bancos y negocios permanecieron cerrados y tampoco circuló el transporte público y privado, informaron testigos a los medios locales. Lanzaron piedras e incendiaron vehículos contra la sede del Bharatiya Janata Party (BJP), el partido ultranacionalista hindú liderado por el primer ministro Narendra Modi.

Las cuatro personas muertas son todos civiles que fueron alcanzados por la respuesta de las fuerzas de seguridad, justificada por el gobierno como "legítima defensa". Cerca de 30 agentes resultaron heridos en los enfrentamientos. Para garantizar el orden público, los vicecomisionados de Leh y Kargil emitieron órdenes de prohibición basadas en la nueva sección 163 del Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, que prohíbe las reuniones de más de cinco personas, desfiles, mítines, el uso de altavoces y los mensajes electrónicos que puedan “perturbar la paz o provocar enemistad”. Las autoridades advirtieron que “las violaciones de la orden tendrán graves consecuencias legales”.

El ministerio del Interior indio atribuyó la responsabilidad de la violencia al conocido activista climático Sonam Wangchuk, quien desde el 10 de septiembre estaba realizando una huelga de hambre de 35 días precisamente para apoyar las demandas de garantías constitucionales para Ladakh. El activista ya ha utilizado varias veces esta forma de protesta no violenta, en especial para llamar la atención sobre el rápido deshielo de los glaciares en la cordillera del Himalaya.

Sin embargo, Wangchuk interrumpió el ayuno e invitó a la moderación cuando estallaron enfrentamientos entre algunos jóvenes y el personal de seguridad cerca de la oficina del Ladakh Autonomous Hill Development Council. Pero a pesar de todo Delhi lo acusó de haber utilizado consignas “provocadoras”, comparables a las de la “Primavera Árabe” y las “protestas de la generación Z en Nepal”, donde recientemente los menores de 30 años lideraron una revuelta contra el gobierno anterior.

En una nota, el ministerio denunció que “algunos individuos con motivaciones políticas no estaban satisfechos con los avances” de las conversaciones en curso entre los representantes del gobierno y los grupos de Ladakh y estaban “tratando de sabotear el proceso de diálogo”. Los disturbios estallaron en vísperas de una reunión entre funcionarios del ministerio del Interior y líderes locales. Las demandas de la población en relación con los derechos exclusivos sobre la tierra han sido ignoradas durante años, pero a pesar de ello el ministerio reivindicó “resultados espectaculares” en las negociaciones con el Apex Body Leh y la Kargil Democratic Alliance, los dos organismos que representan los intereses políticos locales desde 2020. Delhi mencionó entre los avances el aumento de las cuotas en el empleo público para los miembros de las comunidades tribales del 45% al 84%, la introducción de una cuota del 33% para las mujeres en los consejos locales y el reconocimiento oficial de las lenguas bhoti y purgi.

El actual estancamiento político en realidad es consecuencia de las decisiones que tomó el primer ministro Modi en 2019, cuando se derogó el estatus especial de Cachemira y creó una administración para la región denominada Jammu y Cachemira y otra para Ladakh. Sin embargo, en los últimos años han aumentado las preocupaciones de la población local sobre la preservación de la identidad cultural y la protección de los recursos naturales. La inclusión de Ladakh en el sexto anexo de la Constitución permitiría la creación de consejos autónomos para la gestión del territorio, la salud pública y la agricultura. En Assam, Meghalaya, Tripura y Mizoram hay consejos de este tipo, y son los únicos Estados donde rige la normativa.

Mientras tanto se multiplican las acusaciones recíprocas entre las fuerzas políticas indias. El portavoz del BJP, Sambit Patra, acusó a la oposición, representada por el Congress Party, de estar detrás de los incidentes y señaló a un concejal de Leh como “principal instigador”. La oposición, en cambio, recordó la posición estratégica de Ladakh, que la India siempre ha utilizado como un “amortiguador” contra las ambiciones chinas. “Ladakh es un territorio fronterizo con China y la situación se debe manejar con sensibilidad”, declaró el diputado del Congress Manish Tewari. La líder del Peoples Democratic Party, Mehbooba Mufti, considera que la violencia refleja “una pérdida de paciencia y una sensación de traición” en los ciudadanos tras la derogación del estatus especial de Cachemira de 2019: “Leh, es una zona conocida por sus protestas pacíficas y ahora se está verificando una peligrosa tendencia hacia las manifestaciones violentas”.