Llamamiento desde Colombo: tras el ciclón Ditwah piden renegociar el acuerdo sobre la deuda

de Melani Manel Perera

Sociedad civil y activistas dan voz a amplios sectores de la población que, ante los daños provocados por el cambio climático, piden que se renegocie el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El punto crítico es el programa Extended Fund Facility; las medidas de austeridad obstaculizan aún más la reanudación de las actividades. Mientras tanto sigue aumentando el número de muertos y afectados. Reestructurar la economía priorizando a las personas.

Colombo (AsiaNews) - Ante la devastación causada por el ciclón Ditwah, la Law and Social Trust (LST) se ha hecho eco del pedido de amplios sectores de la población y de la sociedad civil, para renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre deuda y clima. En un contexto de grave emergencia, 38 organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que operan en ayuda de las víctimas, junto con 75 destacados ambientalistas y activistas, han firmado una iniciativa pública y presentaron su solicitud a la institución con sede en Washington. Mientras tanto, el balance actualizado al 15 de diciembre reporta más de 644 muertos, 183 desaparecidos y 1.344.898 personas afectadas de diversas maneras, por un total de 385.093 familias.

La devastación causada por Ditwah está relacionada con el impacto del cambio climático en los países tropicales como Sri Lanka y está agravando los efectos de la crisis económica, con un default de la deuda soberana de aproximadamente 35.000 millones de dólares en 2022. Mientras la mayoría de la población debe hacer frente a severas medidas de austeridad, como el progresivo aumento de los impuestos, recortes a los subsidios y medidas de seguridad social insuficientes, el gobierno está sujeto al programa Extended Fund Facility del FMI. El control del gasto público que ejerce el Fondo no solo limita la capacidad del gobierno para responder a la crisis humanitaria en curso, sino que obstaculiza gravemente las inversiones en infraestructuras, la recuperación de los medios de subsistencia y la adaptación a los impactos en aumento del cambio climático.

“Ditwah - dicen los promotores de la iniciativa - pone en evidencia la injusticia climática sistémica. Sri Lanka contribuye con menos del 0,08% a las emisiones globales de carbono fósil, pero sufre impactos climáticos cada vez más intensos, incluyendo inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra”. Proyectos de desarrollo insostenibles y monocultivos industriales han causado deforestación, degradación del suelo y destrucción del ecosistema. Estas decisiones, advierten, han favorecido “al gran capital y a los mercados globales a expensas de las comunidades locales y de los derechos de las poblaciones indígenas, y son también responsables de la carga de deuda desproporcionada de Sri Lanka”.

“Los megaproyectos de infraestructura financiados con la deuda, como autopistas, puertos de aguas profundas y parques energéticos, han eludido las medidas de protección ambiental y provocaron el desplazamiento de poblaciones, destruyeron sus medios de subsistencia, aumentaron la vulnerabilidad y alimentaron los conflictos entre humanos y elefantes, dejando a los grupos marginados, en particular a los agricultores, los pequeños pescadores, los trabajadores de las plantaciones y los pastores, atrapados en un círculo vicioso de daños económicos y ecológicos”, denuncia la LST. “También es necesario que haya - añade - mayores financiamientos para el clima bajo forma de subvenciones, no de préstamos, junto con indemnizaciones por parte de los países con altas emisiones. Las condiciones impuestas por el FMI perpetúan la trampa deuda-clima, obstaculizando el desarrollo de la resiliencia y erosionando las protecciones sociales en un contexto donde 6,3 millones de personas están expuestas a la inseguridad alimentaria”.

En una perspectiva de “justicia” en materia de deuda y clima, los colectivos de la sociedad civil, así como los movimientos sociales, sindicatos y grupos de defensa de los derechos, piden una evaluación independiente y en diversos niveles de pérdidas y daños (con representantes de las comunidades afectadas y de la sociedad civil). Para ello, señala la nota, es esencial cuantificar el impacto del ciclón Ditwah a efectos de la indemnización. Las pérdidas económicas afectan a las viviendas, a la agricultura, a otros medios de subsistencia y a las infraestructuras, mientras que las no económicas incluyen los años de vida afectados por discapacidad (Daly) derivados de muertes/lesiones, la degradación de la biodiversidad en los humedales de Ramsar y la erosión cultural/patrimonial de las comunidades marginadas.

La evaluación utiliza los servicios ecosistémicos, las métricas del enfoque basado en los derechos humanos (Hrba) y estándares sometidos a revisión por pares, vinculando los totales con las compensaciones por la cancelación de la deuda. Los colectivos de la sociedad civil solicitan además una acción inmediata sobre la crisis de la deuda desencadenada por el default de 2022 sobre 35.000 millones de dólares de obligaciones externas, incluidos 14.700 millones de dólares en títulos soberanos internacionales con alta tasa de interés. Las medidas de austeridad previstas por el Extended Fund Facility del FMI, que exigen un superávit primario del 2,3% para 2025 y una necesidad de financiación bruta inferior al 13% del PIB a partir de 2027, han impuesto la eliminación de subsidios, la privatización y la reducción del gasto público.

Considerando la situación de emergencia, los promotores de la iniciativa plantean finalmente diversas demandas, entre ellas una evaluación inclusiva de las pérdidas y daños realizada por las comunidades afectadas con representantes de comunidades indígenas, pequeños productores de alimentos, mujeres, pescadores, trabajadores de las plantaciones, organizaciones de la sociedad civil, expertos y miembros de organismos gubernamentales; suspender el congelamiento de los subsidios a la energía, los precios de los combustibles, los aumentos de los impuestos indirectos y los recortes a la asistencia social; reestructurar las condiciones del EFF FMI, eximiendo pérdidas y daños y las inversiones climáticas de los objetivos fiscales; rechazar la devaluación de la moneda, los aumentos de las tasas de interés, los límites salariales/empleo público que agravan la vulnerabilidad ante las catástrofes; reconquistar la soberanía sobre la economía nacional introduciendo un control sobre el Banco Central; garantizar que los programas de reconstrucción implementados tras el desastre causado por el ciclón incluyan un fuerte componente de participación y consulta de la población, junto con la supervisión por parte de importantes organismos estatales independientes; por último, reestructurar la economía priorizando los intereses de los pequeños productores de alimentos, los trabajadores, las mujeres, los niños y la protección del medio ambiente.