Una investigación de Finance Uncovered ha revelado que casi 40 millones de dólares procedentes de fondos para el desarrollo del Reino Unido, Noruega y Dinamarca se han invertido en una empresa que opera en Myanmar infraestructuras y tecnologías relacionadas con la vigilancia digital. Las acusaciones se refieren a software desarrollado en China y utilizado para interceptar comunicaciones, bloquear VPN y vigilar a los usuarios. Sistemas que, tras el golpe de Estado de 2021, han permitido a la junta militar ampliar su control sobre la red.

Yangón (AsiaNews) – Los fondos para el desarrollo de paises europeos se han invertido en una empresa china de telecomunicaciones dedicada a la videovigilancia en Myanmar. Así lo ha revelado una investigación de Finance Uncovered, según la cual casi 40 millones de dólares procedentes de fondos europeos para el desarrollo se han invertido en la empresa Frontiir, que presta servicios en Myanmar, un país devastado por la guerra civil desde hace más de cuatro años. Según la investigación, la empresa albergaría en sus centros de datos sofisticadas tecnologías de vigilancia chinas, que permitirían a la junta militar birmana interceptar comunicaciones, supervisar actividades en línea y bloquear los sistemas VPN utilizados por los ciudadanos para acceder a noticias y redes sociales.

El sistema está compuesto por herramientas desarrolladas por Geedge Networks, una empresa de ciberseguridad cofundada por Fang Binxing, el arquitecto del llamado «Gran Cortafuegos» chino, que bloquea la navegación de los usuarios sobre temas considerados controvertidos por Pekín. Las otras herramientas son Tiangou Secure Gateway, capaz de descifrar el tráfico cifrado, y el sistema Cyber Narrator, que analiza en tiempo real los datos de navegación de los usuarios y permite a las autoridades identificar amenazas basándose en el comportamiento en línea. 

Frontiir, que opera bajo la marca Myanmar Net, ha rechazado todas las acusaciones, afirmando que nunca ha construido ni diseñado sistemas de vigilancia y que nunca ha colaborado con el Gobierno birmano para interceptar comunicaciones. Sin embargo, la documentación obtenida durante la investigación muestra que, en noviembre de 2020, la empresa había elaborado una propuesta para un sistema de «interceptación legal», a petición del anterior Gobierno liderado por Aung San Suu Kyi. El proyecto, que nunca se llevó a cabo, preveía el seguimiento de la ubicación de los usuarios, el acceso a contenidos multimedia y la lectura de mensajes y correos electrónicos, pero con la garantía de una orden judicial. Tras el golpe de Estado de febrero de 2021, se abandonó cualquier intento de regular estas actividades y, por el contrario, el ejército amplió las herramientas de control digital.

El asunto ha puesto en apuros a los socios europeos de Frontiir: el fondo británico British International Investment (BII), controlado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, invirtió 26 millones de dólares en la empresa. La noruega Norfund participó con 3 millones y la agencia danesa IFU con otros 10,5 millones. Los fondos, transferidos a través del Myanmar Opportunities Fund II en 2019, cuando el país aún estaba en vías de democratización, estaban destinados a ampliar el acceso a Internet a los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, tras el golpe militar de 2021, ninguna de las tres entidades retiró su apoyo.

Según fuentes internas, vender ahora las acciones significaría dejarlas en manos de compradores chinos, lo que reduciría aún más el control sobre las actividades de la empresa. Por ello, algunas ONG locales han pedido a los inversores europeos que se queden, para evitar abandonar el país en manos del régimen birmano y sus aliados.

Mientras tanto, Frontiir ha visto crecer sus beneficios: en los seis meses posteriores a septiembre de 2021, registró un beneficio neto de 4,8 millones de dólares. Paralelamente, la empresa contribuyó a la infraestructura del departamento gubernamental responsable de la cibervigilancia, instalando cables de fibra óptica en la sede del Departamento de Información y Seguridad Informática, que siguen utilizándose tras el golpe de Estado. Frontiir justificó la operación como un requisito para obtener la licencia y aseguró que las líneas nunca se activaron.

Las sanciones impuestas por el Reino Unido y la Unión Europea impiden a las empresas suministrar tecnología de vigilancia a las autoridades de Myanmar, pero al tratarse de inversiones indirectas, los fondos no entran en el ámbito del embargo internacional. 

Tras el golpe de Estado, el ejército birmano ha emprendido una auténtica guerra digital contra sus propios ciudadanos. Por ejemplo, más de 2000 personas han sido detenidas por publicar mensajes considerados hostiles hacia la junta. 

Ya en 2021, la empresa noruega Telenor se retiró del país tras recibir presiones para activar un sistema de interceptación, considerado incompatible con las leyes internacionales. Según un antiguo empleado, hoy en día ningún proveedor de Internet puede operar en Myanmar sin dar acceso a los datos de los usuarios.

 

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