Manila, Amnesty denuncia tortura policíal: crece la tensión por la 'Trillion Peso March'

Amnesty International ha acusado a la policía filipina de uso "innecesario y excesivo de la fuerza" durante las protestas anticorrupción que se realizaron el 21 de septiembre en Manila, aportando testimonios de palizas, torturas y abusos incluso contra menores. Ante otra marcha multitudinaria programada para el 30 de noviembre, las autoridades ya han desplegado medidas de seguridad extraordinarias. Crece el miedo a nuevos episodios de violencia y a una posible represión preventiva.

Amnesty International afirmó que la policía filipina ha incurrido en graves violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones anticorrupción del 21 de septiembre en Manila, y acusó a las fuerzas del orden de haber usado "fuerza innecesaria y excesiva", que en algunos casos constituyó tortura. La tensión ha ido aumentando en todo el país, y sobre todo en la capital, debido a las protestas previstas para el 30 de noviembre, que podrían ser las más multitudinarias de la última década.

La organización de derechos humanos ha reportado los testimonios de diez personas, entre ellas algunos menores, que describen palizas, agresiones y maltratos durante y después de las detenciones. Según Amnistía, la policía habría golpeado a manifestantes pacíficos y a transeúntes, independientemente de su participación en los enfrentamientos que se produjeron durante las protestas.

Uno de los testigos, llamado "Rey", de 20 años, relató que fue agredido por hombres de civil mientras llevaba un cartel, y después fue entregado a la policía (en este caso uniformada) que lo golpeó con puños, patadas y porras hasta que perdió el conocimiento. La paliza continuó incluso dentro de una ambulancia, hasta que los agentes se percataron de que habían llegado los periodistas.

Situaciones similares han sido referidas por otros manifestantes o simples espectadores, como "Omar", de 25 años, que fue arrestado cuando estaba observando las manifestaciones desde lejos, o tres jóvenes trabajadores de 17, 18 y 19 años, detenidos mientras regresaban a la obra que estaban construyendo. Varios testimonios citan una "carpa azul" en Mendiola Street, que se utilizaba como punto de detención improvisado, donde - según los entrevistados - los agentes seguían golpeando a los detenidos con porras y patadas.

La abogada Maria Sol Taule, que representa a algunas de las personas arrestadas, explicó que muchos detenidos presentaban heridas evidentes; por ejemplo, un traumatismo en la mandíbula causado por un golpe de porra. En varios casos estas personas perdieron su trabajo debido a la detención prolongada.

La policía de Manila ha negado las acusaciones y afirma que ha mantenido un enfoque de "máxima tolerancia", reiterando que las agresiones habían sido iniciadas por algunos manifestantes que incendiaron vehículos y arrojaron objetos contra los agentes. Las autoridades afirman haber arrestado a 216 personas, entre ellas 91 menores, acusadas de conspiración y otros delitos. Amnesty, sin embargo, afirma que en realidad muchas de las personas detenidas no participaron en ninguna acción violenta.

También se han constatado numerosas irregularidades en los procedimientos de detención: decenas de personas fueron retenidas más allá de las 36 horas que permite la ley para los arrestos sin orden judicial. Los menores, según expertos en derechos de la infancia, fueron golpeados y obligados a realizar "servicio comunitario" como forma de castigo.

Amnesty ha solicitado una investigación inmediata, independiente e imparcial sobre las violencias atribuidas a la policía y ha pedido que los responsables sean procesados. "Filipinas debe garantizar que las personas puedan salir a la calle sin miedo", afirmó Jerrie Abella, responsable de las campañas regionales de Amnesty. "Las autoridades deben proteger el derecho a la libertad de expresión, no reprimirlo con violencia".

Con las nuevas marchas anticorrupción previstas para este fin de semana, crecen las expectativas y la preocupación por la respuesta de las fuerzas del orden. El 30 de noviembre se realizará otra protesta en el marco del movimiento de la Trillion Peso March, que ha recibido el apoyo de asociaciones civiles, grupos religiosos, sindicatos y movimientos estudiantiles. Las autoridades ya han activado un dispositivo de seguridad extraordinario.

La iniciativa nació para pedir transparencia y justicia por el escándalo que desataron los fondos destinados a obras anti-inundaciones que en realidad nunca se usaron en obras públicas. Las preocupaciones se refieren tanto a la posibilidad de nuevas violencias por parte de las fuerzas del orden como a la posibilidad de una represión preventiva.