La declaración de la Conferencia Episcopal sobre la «Modificación parcial de la Ley de salud materno-infantil», que se está debatiendo en el país para colmar el vacío jurídico creado por la sentencia de 2019 del Tribunal Supremo que despenalizó el aborto. La Iglesia coreana pide que se imponga el asesoramiento y un periodo de reflexión obligatorios antes de la interrupción del embarazo, así como el refuerzo de la responsabilidad compartida de los hombres en el cuidado de los hijos.  

 

Seúl (AsiaNews) - Durante su Asamblea, celebrada estos últimos días, la Conferencia Episcopal de Corea del Sur ha vuelto a pronunciarse sobre el tema del aborto, que sigue siendo un tema candente en el país. El actual Gobierno, liderado por el presidente Lee Jae Myung, presiona para que el Parlamento apruebe una modificación de la Ley de Salud Materno-Infantil que cubra el vacío legal creado por una sentencia del Tribunal Supremo de 2019, que despenalizó la interrupción artificial del embarazo en el país, aunque sin una normativa específica al respecto. El debate se ha recrudecido aún más en las últimas semanas después de que, el pasado 4 de marzo, el Tribunal de Distrito Central de Seúl condenara por infanticidio a una mujer y a varios médicos que, en 2024 en Incheon, al practicar un aborto en la semana 36, mataron a un niño que, de hecho, había nacido vivo. A continuación publicamos el texto íntegro de la Declaración difundida por los obispos coreanos, en la que expresan su preocupación por el enfoque que reduce a una mera «elección personal» un tema tan delicado que tiene que ver con la protección de la vida.    

La Conferencia Episcopal Católica de Corea expresa una vez más su profunda preocupación por el hecho de que la reciente propuesta de «Modificación parcial de la Ley de Salud Materno-Infantil» considere el aborto una cuestión de «elección» personal y, de hecho, promueva la «liberalización del aborto».

El aborto, que pone fin artificialmente a la vida en el seno materno, es un acto de «homicidio» que daña la vida más preciosa e indefensa donada por Dios. La vida es un don sagrado de Dios, un valor absoluto que no puede verse comprometido por la conveniencia humana ni por formulaciones jurídicas. Por lo tanto, la Conferencia Episcopal propone las siguientes medidas para salvar tanto al feto como a la mujer embarazada y para construir una cultura de la vida.

1. Llamamiento a la creación de un marco jurídico que proteja el respeto por la vida.

Es realmente vergonzoso, para un país regido por el Estado de derecho, que el vacío legislativo se haya prolongado durante varios años desde que el Tribunal Constitucional dictaminó en 2019 que el delito de aborto es inconstitucional. Lo más urgente ahora no es modificar algunas disposiciones de la Ley de Salud Materno-Infantil, sino reformar adecuadamente el Código Penal y establecer principios jurídicos claros. Sin una revisión fundamental del derecho penal, no podremos impedir la tragedia de que una tendencia al desprecio de la vida se convierta en ley. El establecimiento de una normativa penal adecuada es muy importante para garantizar plenamente la salud de las mujeres embarazadas y el derecho a la vida del feto.

2. Instamos a la introducción de un «periodo de reflexión» efectivo y de un «asesoramiento obligatorio».

Lo que necesitan quienes están considerando el aborto es tiempo suficiente e información correcta para elegir la vida. En lugar de limitarse a un procedimiento formal, debería ser obligatorio un asesoramiento acompañado de un periodo de reflexión de al menos unas semanas. Además, mediante el uso activo de los actuales «centros de apoyo para mujeres embarazadas en situación de crisis», será posible crear un sistema que presente y respalde las diversas opciones alternativas al aborto.

3. Hacemos un llamamiento a respetar la conciencia de los médicos y a proteger los «hospitales que salvan vidas».

El Estado debe proteger a los hospitales que, fieles a la conciencia fundamental del personal sanitario, se niegan a suprimir una vida. Se deberían identificar sistemáticamente los «hospitales que no practican abortos», para infundir en el personal médico un sentido de orgullo por la protección de la vida y difundir socialmente una cultura de salvaguardia de la vida.

4. Llamamiento a la regulación de la distribución indiscriminada de medicamentos abortivos y a la protección de la salud de las mujeres.

Las píldoras abortivas nunca pueden ser una «solución fácil» y dejan a las mujeres embarazadas graves traumas físicos y psicológicos. Estos medicamentos abortivos deben ser rigurosamente controlados para impedir su distribución indiscriminada.

5. Llamamiento a reforzar la responsabilidad compartida de los hombres en el embarazo y el parto.

Las mujeres y los hombres comparten la responsabilidad del embarazo, el parto y la educación de los hijos. Por lo tanto, el Estado debería reforzar el sistema y crear un entorno en el que el niño pueda nacer como una bendición, mientras ambos padres asumen juntos la responsabilidad.

6. El verdadero derecho a la autodeterminación debe partir del «derecho a dar a luz y a criar».

En primer lugar, debemos cambiar las estructuras sociales y las percepciones culturales que obligan a las mujeres a «optar» por el aborto. Para ello, el Estado debería adoptar medidas concretas para que las familias puedan dar a luz y criar a sus hijos con tranquilidad: por ejemplo, un apoyo significativo a las familias con hijos, la ampliación de los sistemas de ayuda para el mantenimiento de los niños y la ampliación de las estructuras de cuidado en las escuelas y en los lugares de trabajo.

Proteger la vida significa proteger la dignidad de toda la comunidad. Para que nuestra sociedad pueda avanzar hacia una cultura de la vida en lugar de hacia una cultura de la muerte, instamos al Gobierno y a la Asamblea Nacional a que se comprometan de manera responsable a mejorar su actividad legislativa y sus sistemas.

 

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