Seúl pone fin a la controvertida práctica de las adopciones 'de exportación'
La nueva ley pondrá fin a un fenómeno que comenzó después de la guerra de Corea y ha durado décadas. El control del proceso se ha transferido de las agencias privadas al Estado, de conformidad con las disposiciones del Convenio de La Haya.. Sin embargo, quedan algunos problemas pendientes, como la necesidad de nuevas disposiciones legislativas y el apoyo presupuestario de la nueva administración.
Seúl (AsiaNews) - En los próximos días el gobierno de Seúl debería poner fin oficialmente a la práctica que durante décadas ha permitido a las agencias privadas gestionar y regular el sector de las adopciones, lo que dio origen al fenómeno de los "niños de exportación". Ahora el objetivo de la ley es inaugurar una nueva etapa en la que el Estado asume la responsabilidad principal de todo el proceso, basado en los parámetros del control y supervisión pública y en el valor primordial de la "protección de los derechos de los niños". El cambio, explican los expertos, va mucho más allá del mero factor "burocrático", y constituye una toma de conciencia histórica. En efecto, durante más de 70 años, al terminar la guerra de Corea, las autoridades del país permitieron la adopción en el exterior de más de 170 mil niños. Según otros estudios, esta cifra podría acercarse a los 250.000 si se consideran también los datos no oficiales, lo que convierte, involuntariamente, al país en uno de los mayores exportadores de niños del mundo.
Cuando terminó el conflicto, con un país extremadamente pobre y devastado, el gobierno de Seúl confió las adopciones a agencias privadas, ejerciendo un "control mínimo" sobre las solicitudes provenientes del exterior, como se desprende del informe de la Comisión Independiente de la Verdad y la Reconciliación. En muchos casos los niños fueron sustraídos sin el consentimiento de la madre, o se inventaron historias falsas de abandono para hacer creer que habían perdido a sus padres durante la guerra; a otros se les cambió el nombre, alimentando un verdadero negocio solo con fines de lucro. Muchos adoptados surcoreanos, hoy adultos, a falta de un respaldo legal adecuado nunca lograron rastrear a sus familias de origen. Recién en los últimos años el país ha endurecido los procedimientos de adopción, y en 2023 aprobó una ley que coloca el procedimiento de adopción bajo el control de un ministerio del gobierno, ley que entrará en vigor en los próximos días.
Según el nuevo sistema, las adopciones nacionales e internacionales se regularán por separado mediante dos nuevas normativas: la Ley especial de adopción nacional y la Ley de adopción internacional. Ambas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en 2023 y entrarán en vigor el 19 de julio. Con estos cambios el Ministerio de Salud y Bienestar se convierte en la "autoridad principal" y garante de las políticas de adopción, mientras que los gobiernos locales y el Centro Nacional para los Derechos del Niño (NCRC) supervisarán directamente los procedimientos.
"A partir del 19 de julio el Estado, los gobiernos locales y el NCRC llevarán a cabo lo que hasta ahora han gestionado las agencias de adopción privadas", declaró el Centro en un comunicado. "Los procedimientos estarán basados en el interés superior del niño, tal como lo establece la Convención de La Haya sobre las adopciones". Para las adopciones nacionales, la Comisión de Política de Adopción del Ministerio examinará y aprobará la compatibilidad entre el niño y los futuros padres, y el NCRC actuará como secretaría. Además, los tribunales seguirán emitiendo las aprobaciones finales de adopción y ahora tienen la facultad de autorizar la custodia temporal antes del visto bueno final con miras a la adopción. En las adopciones internacionales, el Estado se convierte en la "autoridad central" oficial, responsable de supervisar tanto las adopciones salientes (niños coreanos que van al exterior) como las entrantes (extranjeros adoptados en Corea).
Para muchos adoptados los documentos a veces son simplemente una nota escrita a mano o un formulario de admisión de décadas de antigüedad, que representan también el único vínculo que les queda con sus familias biológicas y sus orígenes. La nacionalización ha permitido que estos documentos sean transferidos de las agencias privadas al Centro, pero algunos afirman que el proceso ha sido opaco y confuso. Además, a pesar de la reforma, hay desafíos estructurales y logísticos. A mediados de 2025, el Estado sólo ha recibido los documentos originales de cuatro grandes agencias de adopción, otros todavía no se han localizado y un sistema de archivo seguro y permanente sigue siendo un desafío.
El gobierno se ha comprometido a crear un archivo permanente para las adopciones en el futuro, pero no se ha anunciado ningún plazo. Mientras tanto, el acceso a los documentos sigue siendo muy limitado. La transición a la adopción pública coincide con la ratificación, largamente pospuesta, de la Convención de La Haya sobre la Adopción Internacional, que debería entrar en vigor a finales de octubre. La convención, adoptada a nivel mundial en 1993, tiene como objetivo prevenir el tráfico de niños y garantizar estándares éticos en las adopciones internacionales. Seúl se adhirió al tratado en 2013, pero no logró ratificarlo debido a la discrepancia con la legislación nacional, una laguna que ahora subsana la norma de 2023. El camino por recorrer todavía es incierto, porque muchas de las reformas requerirán nuevas disposiciones legislativas y un apoyo presupuestario del gobierno que asumió tras las elecciones presidenciales del 3 de junio.
