Siria: las muchas incógnitas en torno a las elecciones
Fijadas para mediados de septiembre con el fin de dar una señal de normalización, pero un tercio de los parlamentarios serán designados por al-Sharaa, no hay partidos y la Constitución actual no prevé formas de autonomía para algunas provincias. Los nudos de Rojava, la región de mayoría kurda, y del gobierno meridional de Suwayda, donde viven los drusos. Mientras tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados denuncia los abusos contra las mujeres alauitas.
Damasco (AsiaNews) - Entre el 15 y el 20 de septiembre se celebrarán elecciones parlamentarias en Siria. Así lo anunció el domingo 27 de julio el jefe de la comisión electoral, Mohamed Taha al-Ahmad, a la agencia de noticias estatal SANA. Tras décadas de dictadura, los ciudadanos sirios podrán votar libremente. O casi. La Constitución redactada por el actual presidente (y antiguo yihadista) Ahmed al-Sharaa prevé que 150 de los 210 escaños se asignen mediante elección directa, mientras que algo menos de un tercio de la Asamblea Popular será designado por nombramiento presidencial. El Gobierno, compuesto principalmente por antiguos combatientes de Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), el movimiento que puso fin al régimen de Bashar al-Asad, ha prometido que abrirá las puertas a los observadores internacionales y que las regiones que aún no están bajo control gubernamental (como el noreste controlado por los kurdos o la gobernación meridional de Suwayda, escenario desde hace semanas de violentos enfrentamientos entre la comunidad drusa y otras milicias) seguirán teniendo escaños asignados en función de la composición étnica de la población.
Sin embargo, siguen existiendo una serie de problemas que es difícil imaginar que puedan resolverse en pocas semanas: faltan las infraestructuras y la disponibilidad de los documentos oficiales necesarios para celebrar las elecciones. Millones de sirios siguen siendo refugiados. Hasta ahora no se ha favorecido la creación de partidos y la Constitución actual no prevé formas de autonomía para algunas provincias con respecto a otras, lo que hace poco claro, sobre todo, el destino de Rojava, la región de mayoría kurda. Según algunos anuncios previos, los combatientes kurdos deberían haber pasado a formar parte del ejército sirio, pero por el momento aún no se ha llegado a un acuerdo con Damasco.
Mientras tanto, en Suwayda la situación aún no se ha pacificado. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre tribus drusas y beduinas, a los que se sumaron grupos de milicianos cercanos al Gobierno de al-Sharaa, degeneraron en violencia generalizada. Israel intervino en defensa de los drusos bombardeando las zonas meridionales de Siria y la capital.
Según fuentes locales que prefirieron permanecer en el anonimato, desde hace dos días ni siquiera los periodistas locales pueden acceder a la zona. Las Naciones Unidas han registrado al menos 176.000 desplazados y, según la información difundida en las redes sociales, en los últimos días la población ha celebrado manifestaciones contra las autoridades gubernamentales para protestar por la imposición de bloqueos en la gobernación. Algunas organizaciones sindicales se han separado de las sedes centrales de Damasco para denunciar el silencio de la actual administración sobre la violencia y las atrocidades cometidas en Suwayda y sus alrededores.
Damasco se ha defendido diciendo que los corredores humanitarios están plenamente operativos, con llegadas regulares de suministros, entre ellos combustible, alimentos y medicinas, y que, en todo caso, son las facciones pro-Hijri las que monopolizan la ayuda humanitaria. Se refiere al líder espiritual druso Hikmat al Hijri, vinculado al tráfico de captagon (la droga cuyo comercio controlaba la familia Assad) y considerado responsable de la continuación de los combates contra los clanes beduinos y las milicias afiliadas al actual Gobierno, que a su vez acusan a las tribus drusas de albergar a miembros del antiguo régimen de Bashar al-Assad.
Las decenas de miles de personas desplazadas, en su mayoría pertenecientes a las comunidades beduinas, se han refugiado por el momento en alojamientos temporales en la cercana gobernación de Daraa, pero aún no está claro cómo (si es que) se resolverá la situación. A finales de abril ya se habían registrado enfrentamientos con las comunidades drusas en Siria, pero el Gobierno había intentado llegar a un acuerdo dando a las milicias locales la posibilidad de gestionar la seguridad en la zona de Suwayda en lugar de la nueva seguridad general, las fuerzas del orden creadas por Sharaa, a menudo con combatientes procedentes de las filas del HTS y otras milicias.
El actual Gobierno no consigue proteger ni siquiera a los miembros de la minoría alauita, a la que pertenecía la familia Assad. Tras los enfrentamientos que se produjeron en marzo a lo largo de la costa, en los que perdieron la vida más de 1000 personas, los elementos extremistas han seguido cometiendo abusos, especialmente contra las mujeres alauitas. La semana pasada, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por las desapariciones y secuestros de mujeres y niñas alauitas: «Las víctimas, de entre 3 y 40 años, habrían sido secuestradas a plena luz del día mientras se dirigían a la escuela, visitaban a familiares o se encontraban en sus casas. En varios casos, las familias han recibido amenazas y se les ha disuadido de continuar con las investigaciones o de hablar públicamente», se lee en el comunicado.
Las denuncias también han sido confirmadas por Amnistía Internacional, según la cual las víctimas corren el riesgo de sufrir matrimonios forzados, trata de personas y otras formas de abuso. «La comunidad alauita, ya devastada por anteriores masacres, se ha visto profundamente conmocionada por esta ola de secuestros. Las mujeres y las niñas tienen miedo de salir de casa o de caminar solas», denunció la organización de derechos humanos, que subrayó que ya se habían denunciado varios casos a la policía. Sin embargo, la mayoría de los casos fueron archivados y, en dos de ellos, la policía atribuyó la responsabilidad del secuestro a las propias niñas. En otro caso, incluso después de que la familia pagara el rescate, una mujer no fue liberada. En otros casos documentados, es probable que las jóvenes hayan sido obligadas a casarse con sus secuestradores. Amnistía ha pedido al actual Gobierno que abra una investigación y persiga a los culpables.
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