Los ciudadanos acuden a las urnas para renovar la Asamblea unicameral. El electorado se muestra dividido y podría decretar el fin de la hegemonía del Partido de Acción Popular. Temores por una inestabilidad que podría afectar la economía, en una fase de negociaciones con Estados Unidos sobre los aranceles. La cuestión no resuelta de la inmigración y una población en rápido envejecimiento.
El primer cardenal entre los rascacielos de la ciudad-estado del sudeste asiático dirige una Iglesia vibrante y misionera con humildad, claridad y un corazón abierto al diálogo en un mundo cada vez más secularizado. En el Sínodo puso de relieve la fatiga espiritual que a menudo afecta sólo a las sociedades aparentemente exitosas.
Cuando faltan pocos meses para las elecciones de noviembre, una encuesta revela que solo el 44% de los ciudadanos ya ha elegido a quién votar, y la gran mayoría está a favor del Partido de Acción Popular (PAP). Las elecciones pondrán a prueba al gobierno del primer ministro Lawrence Wong, que está haciendo frente a una etapa de transición política con una generación joven aún indecisa. El incierto escenario económico podría frenar el crecimiento de la ciudad-Estado.
Con un -13,22% a raíz de la guerra comercial desencadenada por los aranceles, el índice Hang Seng registró su mayor caída desde 1997. Los temores de recesión también hundieron los títulos de las sociedades inmobiliarias de Singapur. Intervenciones masivas de un fondo soberano chino para contener las pérdidas en la bolsa de Shanghái.
El gobierno de la ciudad-estado puso a la venta una tarjeta local de 0 para fomentar el acceso de jóvenes y personas mayores a eventos, exposiciones e iniciativas. Es también una forma de apoyar el empleo en el sector, que sigue en dificultades pese a la recuperación después del Covid.
Está previsto que Pannir Selvam Pranthaman sea condenado el 20 de febrero. Lleva 11 años en la tristemente célebre prisión de Changi. La familia espera un indulto de última hora y pide a amigos y familiares que recen por un milagro. Pero la única vía es un recurso del gobierno de Kuala Lumpur ante el Tribunal Internacional de Justicia.
